El ministro de Alimentación y Agricultura de Alemania, Cem Özdemir, anunció hoy un plan para prohibir la publicidad de alimentos con alto contenido en azúcar, grasas o sal dirigida a niños así como su colocación en las inmediaciones de centros educativos.
El ministro verde destacó en una comparecencia en Berlín que se trata de proteger a los menores de 14 años frente a las "bombas de azúcar" y que el proyecto de ley no contempla "prohibir ningún alimento".
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Özdemir argumentó que según diversos estudios los niños alemanes ven de media 15 anuncios de productos con un alto contenido en azúcar, grasa o sal cada día y que más del 90 % de la publicidad que este grupo consume en internet o en la televisión promociona comida rápida, snacks y chucherías.
Además, según datos de su Ministerio, un 15 % de los niños y adolescentes alemanes de entre 3 y 17 años de edad presentan sobrepeso y un 6 % es obeso, agregó.
Por ello, su proyecto, que todavía debe ser aprobado por el Gobierno de coalición de socialdemócratas, verdes y liberales, contempla la prohibición total de todos los anuncios de productos alimenticios insanos en televisión entre las 6 y las 23 horas.
Quedarían igualmente vetados, independientemente de la hora y del canal de difusión, todos los anuncios que promocionan estos productos y que estén dirigidos a un público infantil, por ejemplo a través del uso de actores infantiles o de figuras de cómic, así como la promoción realizada por "influencers" en redes sociales.
Además, los productos considerados insanos -en base a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS)- tampoco podrán anunciarse en marquesinas situadas a menos de cien metros de escuelas, guarderías, parques infantiles u otras instalaciones de ocio o deportivas para niños.
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Varias organizaciones del ámbito de la sanidad y de la alimentación alabaron hoy la propuesta de Özdemir, que fue calificada por la asociación de consumidores "Foodwatch" de "hito en la lucha contra la mala alimentación y el sobrepeso".
En cambio, llegaron críticas desde las filas de la oposición democristiana, que acusaron al ministro de pretender colocar a los ciudadanos "bajo tutela del Estado" en lo referente a su alimentación.